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Avances del amparo en contra de la contabilidad electrónica

Por medio del comunicado de prensa 126/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer el sentido de las primeras resoluciones a los Amparos promovidos en contra de las reformas fiscales en materia de Buzón Tributario, revisiones electrónicas y contabilidad electrónica; determinando que dichas reformas son constitucionales, negando el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de la obligación de los contribuyentes de proporcionar la contabilidad electrónica de manera mensual, así como el de tener un buzón tributario, al considerar que no se viola el derecho de seguridad jurídica.

Sobre el particular, se determinó que las normas relativas establecen un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información, de manera que su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación.

Por lo que hace a los siguientes dos puntos la Segunda Sala resolvió otorgar el Amparo y Protección de la Justicia Federal:

A) Respecto a la obligación del envió de la información que integra la contabilidad electrónica; la Segunda Sala de la SCJN concedió el amparo determinando la inconstitucionalidad del uso estándares W3 establecidos por el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 como base para la integración y envió de la información; toda vez que éstos únicamente se encuentran plasmados en idioma Ingles.

Es importante precisar que únicamente se declaró inconstitucional el uso de los estándares W3 (en tanto no exista una versión en español); no siendo por tanto aplicable a la inconstitucionalidad de la totalidad del Anexo 24 de la RMF para 2015.

Derivado de lo anterior, los contribuyentes al estar impedidos para generar los archivos XML, con los que se envía la información contable, se encontrarían materialmente imposibilitados de dar cumplimiento con su obligación de proporcionar la contabilidad a través del portal del SAT.

Aunque el amparo se concedió respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, el Anexo 24 de la RMF para 2016, padece de los mismos vicios de inconstitucionalidad.  

B) En lo relativo a las revisiones electrónicas, la Segunda Sala concedió del amparo al determinar que el procedimiento establecido por el artículo 53-B del CFF es violatorio de la garantía de audiencia, en el entendido de que las cantidades establecidas en las pre liquidaciones que se envíen a los Contribuyente se podrán consideraran definitivas y se podrán hacer efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución; situación que deja en estado de indefensión a los Contribuyentes.

Aspectos que fácilmente pueden solventarse por parte de la Autoridad Fiscal:

A) Publicando una versión traducida al español de los estándares W3 y realizando referencias directas hacia dicho documento;

B) Estableciendo un procedimiento por medio del cual se garantice la oportunidad de los Contribuyentes  a aportar las pruebas que a su derecho convengan ante las imputaciones realizadas por la autoridad.

Es importante precisar que la presente Re- solución únicamente constituye una Tesis Aislada, razón por la cual tendremos que esperar (de ser el caso) a que el Órgano Jurisdiccional referido resuelva otros casos en el mismo sentido integrando Jurisprudencia; momento en el cual la Autoridad Fiscal podría dar inicio al requerimiento del envió de la información que integra la contabilidad de todos aquellos Contribuyentes que hubiesen interpuesto el medio de defensa aludido.

Finalmente, tanto por comunicado de prensa, como por escritos publicados en su página, el SAT manifestó con motivo de la sentencia de amparo, que antes de iniciar nuevas revisiones lo hará del conocimiento de los contribuyentes (por los medios aludidos), por lo que cualquier determinación de contribuciones que se hubiere hecho con anterioridad a la sentencia que se dicte por dichas revisiones, serán inconstitucionales, por lo que de estar pendiente su impugnación por estar corriendo los plazos (o los asuntos que ya estuvieren impugnados) deberán acatar el criterio de la Segunda Sala, y anular cualquier liquidación.